Los precios del alquiler han sido uno de los grandes protagonistas en los últimos meses. Tanto es así que el debate por estos altos precios se ha colado en las altas esferas políticas. Así, se ha aprobado un nuevo decreto ley que servirá como inicio a la regulación de este tipo de viviendas alquiladas.

 

El real decreto-ley de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler entró en vigor el día 15 de diciembre. Dicho decreto ha modificado algunos aspectos esenciales de diversas leyes. Se trata de modificaciones en la ley de Arrendamientos Urbanos, la de Propiedad Horizontal, la Ley de Enjuiciamiento Civil, el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el de la Ley del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

 

El objetivo de este decreto ley es regular la situación de este tipo de viviendas. Para eso se han aprobado una serie de medias, algunas de las cuales detallaremos a continuación.

 

Cambios básicos en el alquiler

 

El primero de los cambios que trae el nuevo decreto ley en materia de alquiler es la ampliación de la prórroga de los contratos. Este plazo aumenta de los 3 a los 5 años.

 

Además de ello, el nuevo decreto ley limita el tiempo de fianza a los dos meses. Desde el pasado 15 de diciembre, los propietarios solo podrán exigir hasta dos meses de fianza a los inquilinos. El objetivo de esta medida es evitar el abuso en los contratos de viviendas alquiladas. Hasta ahora no había límite y eso provocaba que en muchas ocasiones el dinero a aportar antes de entrar a vivir fuera desproporcionado.

 

 

Más allá de estos cambios, también ha llegado otro muy esperado por parte de los inquilinos. Se trata de los gastos de inmobiliaria, de los que hasta ahora se hacía cargo el inquilino o en algunos casos, a partes iguales con el propietario. Pues bien, gracias a este decreto ley será el propietario quien asuma de los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato